Política y libertad, una mera ilusión

Published On 04/02/2015 | By Laura López Gutiérrez | Opinión

Empieza el año, y con el 2015 llega el fin de la décima legislatura de nuestra pequeña y joven democracia. No son pocos los ciudadanos, o los partidos —nuevos y viejos—, que se llenan la boca con la idea de la “regeneración política”. Afirman que la regeneración supone un cambio en el tipo de políticos y en el modo de hacer política. Algo que, parece ser, aclama la ciudadanía.

Sin embargo, y antes de hablar sobre esos asuntos, ¿no deberíamos meditar sobre cómo funciona nuestra democracia en sí? Es decir, no pensemos sólo en aquellos temas de actualidad, vayamos más allá, replanteemos las bases. En este sentido, algo que no me choca, sino que me indigna, es el funcionamiento de nuestras cámaras legislativas, dominados por los todopoderosos partidos políticos, de todos los colores e ideales.

Así, en ocasiones escuchamos como ciertas votaciones en las cortes Generales se realizarán mediante voto secreto, pero antes de lograrlo suele desatarse la polémica. Así ocurrió hace un año en lo referente a la ley del aborto, cuando de nuevo apareció el fantasma del programa político como salvaguarda de la no-libertad de nuestros representantes. Este tipo de voto, como su propio nombre indica, es un medio por el que no se reconoce el nombre del escaño que lo emite, en teoría para permitir que los parlamentarios expresen su opinión libremente en temas controvertidos. Sin embargo, y aunque parezca contradictorio, es en estos casos en los que más se aprecia, si cabe, la cohesión de los grupos parlamentarios, su pensamiento homogéneo y su ideario de partido.

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Por este motivo resulta interesante, relevante y, cuanto menos, inquietante que los diputados y senadores necesiten votar en secreto. ¿A qué tienen miedo?, ¿no están lo suficientemente protegidos en nuestra Carta Magna? Nuestra constitución recoge, en los artículos 67.2 y 79.3 respectivamente, la independencia de los diputados y senadores junto a la calidad del voto de los mismos, que se configura como personal e indelegable.

Sorprende, a la par que ofende, conocer casos de parlamentarios que son castigados, penalizados e incluso expulsados de su grupo parlamentario por no respetar la doctrina de voto del partido político al que pertenecen. Por ejemplo, Juan Morano fue suspendido de la militancia del Partido Popular y se le aperturó un expediente sancionador por votar en contra de una reducción de las ayudas al carbón para León, se dio de baja del partido días más tarde. En el seno del PSOE, Antonio Gutiérrez, diputado, se abstuvo en la votación de la convalidación del decreto de reforma laboral en 2010, y fue sancionado con 600€.

En otros países, como en Reino Unido, existe una figura en cada partido encargada de la cohesión interna del mismo (whip), en Italia y Francia se encuentran en la misma situación que nosotros. Esta situación hace necesario plantearse dos interrogantes, uno penal y otro económico.

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Nuestro Código Penal (CP) protege la libertad y autonomía de los parlamentarios, tanto estatales como de las comunidades autónomas: “Los que emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma asistir a sus reuniones, o, por los mismos medios, coartaren la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto, serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años” (ART. 498 CP, segundo inciso).

De este modo, en el aspecto penal, si desde la directiva de una organización política se establece y predetermina la emisión del voto y su sentido, mediante amenazas como la penalización e incluso la expulsión del partido, pasando por no volver a estar en las listas de nuevo para las próximas elecciones, se está coartando claramente la libertad de estas personas. El precepto es claro, no hace referencia alguna a la existencia de un programa electoral, la libertad de los senadores y diputados es absoluta en lo referente a la emisión de su voto. Así, toda persona que forme parte de la directiva de un partido que imponga la doctrina de voto es responsable de un delito público, y por tanto perseguible de oficio. Entonces, ¿por qué no se hace? ¿Para qué crear un procedimiento penal que luego se niegan aplicar?

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Por otro lado, respecto a la vertiente económica, debemos plantearnos la necesidad de unas cámaras legislativas tan numerosas y costosas. Si todos los parlamentarios van a votar lo que uno sólo diga, ¿no sería mejor reducir los miembros de las distintas Cámaras a una persona por partido, respetando la representación mediante la ponderación del voto? Así, por ejemplo, el voto de cada uno de esos representantes (tantos como partidos políticos con representación haya en la cámara correspondiente) podría multiplicarse por un coeficiente equivalente al número de escaños obtenidos en las elecciones, siendo el 100% igual a 1. Aún más teniendo en cuenta la situación de crisis en la que no dejan de exigir al resto de la ciudadanía sacrificios y recortes, ¿por qué mantener el sueldo y los extras salariales de marionetas?

Puede que esta idea parezca excéntrica. No sólo eso, además antidemocrática y extrema. Hay quien incluso afirmará que con el trabajo que supone crear una ley, no darían a vasto. Sin embargo, si se optara por un modelo como el que describo, el verdadero trabajo de redacción inicial no sería encargado a unos políticos que poco suelen saber sobre el tema en concreto, sino que recaería directamente en expertos de la materia, (ahora se les consulta, aunque eso no quiere decir, en absoluto, que siempre se sigan sus sugerencias). Estos expertos no supondrían un gasto fijo para el erario público, ya que en función del ámbito de la ley serían contratados para el desarrollo de ese texto, recibiendo unos salarios dignos y adecuados, pero no desproporcionados y sujetos a pluses. Sé que mucho tendrían que cambiar las cosas para que ideas de este tipo, de verdadera regeneración, llegarán a materializarse, pero una nunca dejar pasar la oportunidad de iniciar un buen debate en su entorno.

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About The Author

Licenciada en Derecho por la UV, estudiante de Grado en Criminología por la UOC, estudiante del Máster de Sistema de Justicia Penal interuniversitario, por la UJI, UDL, UA y URV. Soñadora, bailarina, incorformista, protestona y con un definido, y defendido, concepto de Justicia.

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