Prometo guardar y respetar los secretos que me confíe el paciente… (salvo que sea noticia)

Published On 28/10/2014 | By Adrian Hugo Llorente Aginagalde | Divulgación, Medicina, Opinión

Reduciendo al extremo, podemos resumir la Medicina en la relación establecida por una persona aquejada de algún mal con otra persona con la intención de ayudarla y el intercambio de información entre estos. En este intercambio se pregunta al paciente por su edad, antecedentes familiares, edad o trabajo, entre otras cuestiones, y a su vez se le informa de las opciones diagnósticas, pruebas adicionales a realizar y posibles tratamientos.

Se explica en las facultades que este intercambio de información (entrevista clínica) se realiza en un momento en el cual el paciente se encuentra en un momento de vulnerabilidad, sea en sí por su situación clínica o por la necesidad de recibir una solución frente a su padecimiento. En esta situación de vulnerabilidad, el paciente deposita su confianza en que le van a ayudar con su problema de salud y que durante el proceso se cumplirán una serie de principios de confidencialidad, no discriminación, información correcta, etc.

Es algo que se da por hecho. Una serie de principios básicos cuyo fin es proteger al paciente y la información que proporciona, o se pueda generar, durante el proceso. Esta información suele constituir la llamada historia clínica; pero va más allá, aunque no sea haga constar por escrito, el paciente puede relatar desde sus hábitos más íntimos, datos relativos a su relación laboral, su situación familiar o sentimental, sin mencionar que es habitual preguntar sobre las personas cercanas a éste. Y toda esa información, sea requerida o compartida sin haberlo solicitado, está sujeta al mismo principio de confidencialidad.

Es decir, el nombre del paciente, de las personas que mencione, de las posibles patologías que pueda sufrir, del tratamiento que se le vaya a administrar, las pruebas adicionales que se le vayan a realizar, la edad que tenga, la profesión que desempeñe, donde viva y los familiares que tenga son datos confidenciales, proporcionados en una relación médico paciente consagrada por la ética profesional más elemental, la deontología médica y la legislación (autonómica, estatal y europea e internacional).

“¿Por qué tanta manía con eso de la confidencialidad médica?”

Aclaremos antes de nada que esto es extensible a todas las profesiones sanitarias (y a otras tantas no sanitarias), el secreto profesional es un principio básico sobre el cual se establecen todo tipo de relaciones profesionales, algo que se supone desde antes de que se cruce la puerta, para que pueda haber una confianza entre las partes. Pero, ¿por qué? Para empezar porque desde el punto de vista egoísta del médico si no es así el diagnóstico se puede complicar mucho. Sin el compromiso de que nada de lo que se nos informe será divulgado, es bastante plausible que la información proporcionada no sea correcta, completa o, directamente, se nos oculte algún detalle vital para un buen diagnóstico.

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¿Recuerdan aquello de “los pacientes siempre mienten”? Bien, bueno, pues sin intención de generalizar ni realizar ningún juicio de valor: esto ocurre ya per se de forma habitual y, casi siempre, de forma involuntaria. ¿Cuántas veces tenemos que repetir la frase “recuerde que lo que diga no saldrá de aquí”? Bajo distintas formulaciones, sí, pero es una coletilla habitual en cuando se realiza una pregunta comprometida.

Más allá de esto hay que recordar que la información, para nosotros perfectamente reducible a una terminología aséptica, fuera de las cuatro paredes de una consulta u hospital, está cargada de interpretaciones de tipo moralista, prejuicios sociales e incluso consecuencias jurídicas. Si, aún cuando un médico conozca de la posible comisión de un delito en el contexto de una relación médico paciente, debe cumplir el principio de confidencialidad, salvo en algunas excepciones bien delimitadas. Pero, ¿por qué un médico debe ignorar la obligación legal que todo ciudadano tiene de denunciar los delitos que presencie (art. 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal)? Más allá de los motivos jurídicos [Nota 1], reside un compromiso ético adquirido por la comunidad médica que se ha visto reforzado por distintas situaciones históricas. ¿Se imaginan que hubiera obligación legal de notificar la asistencia a pacientes en situación no regularizada para así ser deportados? ¿Se imaginan que estuviera prohibido atender a pacientes de determinada raza? o ¿se imagina que hubiera que denunciar a los pacientes que tuvieran X enfermedad?

Póster alemán de propaganda antisemitista en polaco culpando a los judíos de la transmisión del tifus (1942), excusa que utilizó el régimen nazi para la segregación y deportación durante la ocupación.

Póster alemán de propaganda antisemitista en polaco culpando a los judíos de la transmisión del tifus (1942), excusa que utilizó el régimen nazi para la segregación y deportación durante la ocupación.

Todo esto ha ocurrido y ocurre, y ante ello los médicos nos hemos rebelado contraponiendo el secreto profesional frente a las obligaciones legales del momento, desde el decreto que prohibía a los médicos atender a pacientes judíos (Alemania, Vierte Verordnung zum Reichsbürgergesetz, 1938); pasando por el intento de levantar el secreto profesional para denunciar a los pacientes inmigrantes en situación irregular (Italia, enmienda a la Ley de Seguridad pública, 2009); hasta las exploraciones médicas prematrimoniales obligatorias en busca de “enfermedades genéticas de naturaleza grave” y “enfermedades mentales relevantes” que conllevan en caso de encontrarse la prohibición del matrimonio y medidas anticonceptivas de largo plazo o esterilización obligatoria (China, Ley de Salud Materna e Infantil, 1994).

En todas estas circunstancias, en las cuales datos de carácter privado como el origen étnico, la situación legal o las enfermedades que se padecen, son requeridos por las autoridades o conllevan prohibiciones, los médicos hemos intentado, acogiéndonos al secreto profesional, conseguir atender a nuestros pacientes y evitar revelar la información, confiada u obtenida, para no ponerlos en riesgo. Se pueden esgrimir muchos argumentos a favor de este procedimiento, pero casi todos ellos se resumen en un uno: el derecho a la salud. Si debido a las consecuencias (sociales, jurídicas, económicas, etc.) que pueda tener un paciente no solicita la asistencia sanitaria que necesita, se le está negando el derecho a salud (art. 25.1 de la Declaración de Derechos Humanos) y los médicos incumpliendo su objetivo fundamental, que es precisamente velar por la salud de los pacientes. Y como sin el principio de confidencialidad ese riesgo es real, desde el inicio de la profesión médica se ha buscado proteger, por todos los medios a su alcance, la información de una relación entre un médico y su paciente.

La salud pública, las enfermedades infecciosas y las epidemias

Todo lo explicado es muy bonito, loable y se han hecho leyes para velar por ello, ¿pero cuando hay una epidemia qué? ¿No tiene la ciudadanía derecho a saber?, ¿no tiene obligación el médico de informar a las autoridades para evitar más casos?

Vamos por pasos. Lo primero es aclarar que efectivamente hay enfermedades infecciosas que hay que declarar obligatoriamente ante las autoridades de salud pública, en este caso, la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Esto se hace, dependiendo de la enfermedad, a través de la declaración numérica semanal (o también llamado sistema EDO) o la de sistemas especiales (p.e.: sífilis o SIDA).

En el primer grupo (EDO) podríamos distinguir enfermedades que solo precisan una notificación del número de casos a la semana y otras que además necesitan declaraciones individualizadas con datos epidemiológicos básicos (DEB), que serían datos personales que permiten identificar al paciente (nombres y apellidos, información de contacto, edad, lugar de trabajo/estudios, etc.).

Guetto de Varsovia (1941). Un chico observa a través de la ventana de la puerta de un edificio bajo cuarentena por el tifus. Entrar o salir estaba estrictamente prohibido, aun cuando implicara la muerte por inanición de los vecinos no afectados. [Medicina asesina. Médicos nazis, experimentación con humanos y tifus. Naomi Baumslag, 2000]

Y, ¿proporcionar esta información no va contra el secreto profesional? Al mantenerse la confidencialidad durante el proceso, no, de hecho, es una excepción que está recogida específicamente en el Código Deontológico. Es decir, esos datos están sujetos al mismo grado de protección que toda información sanitaria y por lo tanto se anonimiza en el proceso, de forma que el paciente no sea identificable salvo cuando se requiera, como por ejemplo para informarle de unos resultados o recabar información adicional. Es decir, no es información pública, sólo es manejada por los profesionales sanitarios de la Red (sujetos a confidencialidad) y evidentemente no puede ser utilizada para otro fin que la vigilancia de la Salud Pública.

Es verdad que pudiera parecer que después de todo lo mencionado arriba se hace una excepción importante para una lista de enfermedades. No es así, la información de las EDO está sujeta a la confidencialidad, se toman medidas, como anonimizarla, para asegurarla y se utiliza para garantizar el derecho a la salud pública, por el que los estados tienen obligación de velar.

El diseño de estos sistemas de notificación no es arbitrario, se sustentan sobre la evidencia de la efectividad de las políticas de salud pública en la prevención e intentan también evitar los importantes errores históricos que se cometieron a la hora de hacer frente a enfermedades infecciosas en el pasado, como las cuarentenas innecesarias y peligrosas, la estigmatización y las situaciones de histeria colectiva.

El “derecho a saber” de la ciudadanía

En los debates de barra de bar y en las tertulias televisivas, que en demasiadas ocasiones serían difíciles de distinguir, se entremezcla un concepto abstracto y vago conocido como “derecho a saber” con el de “derecho a informar”. El primero parece hacer referencia al derecho constitucional arecibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión” y el segundo a la llamada libertad de expresión, consagrada también en el mismo artículo 20.

Pero en los debates periodísticos las coletillas tienden a olvidarse de forma habitual y es que el mismo artículo dice expresamente que: “Estas libertades tienen su límite en el respeto (…) especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen”. De hecho, incluso dejando esto de lado, no se puede decir precisamente que el “derecho a saber” de la ciudadanía no esté regulado en el caso que nos vamos a referir:

Artículo 6. Derecho a la información epidemiológica.

Los ciudadanos tienen derecho a conocer los problemas sanitarios de la colectividad cuando impliquen un riesgo para la salud pública o para su salud individual, y el derecho a que esta información se difunda en términos verdaderos, comprensibles y adecuados para la protección de la salud, de acuerdo con lo establecido por la Ley.

Olvidémoslo todo y saltémonos el código deontológico… ¡esto es É-B-O-L-A!

Perdón por el subtítulo, pero es que no sabría cómo resumir de otra forma lo que ha ocurrido durante estas semanas en las que muchos medios de comunicación, autoridades públicas e incluso profesionales sanitarios han actuado así. Porque algo así ha debido de ocurrir para que en las cabezas pensantes de este país todo atisbo de respeto a la legislación vigente sobre la confidencialidad y protección de datos, junto a los principios más básicos de la ética profesional, se hayan esfumado ante la palabra mágica: ébola.

Microscopía electrónica de un virión de Ebolavirus causante de la Enfermedad por Ébola (EB), anteriormente conocida como fiebre hemorrágica por Ébola.

Microscopía electrónica de un virión de Ebolavirus causante de la Enfermedad por Ébola (EB), anteriormente conocida como fiebre hemorrágica por Ébola.

Vamos a desgranar el artículo 6 de la Ley de autonomía y derechos del paciente para intentar hacer un juicio mínimamente crítico a la cobertura mediática que se ha hecho del caso de transmisión de ébola durante estas semanas:

1) “Problemas sanitarios de la colectividad”: resulta algo complicado considerar que el único caso de transmisión de ébola se pueda considerar un problema sanitario de la colectividad, recordemos que hablamos de un suceso de transmisión en la población sanitaria. Pero bueno, si hacemos una interpretación estrictamente legalista de la situación, podríamos decir que al tratarse de una enfermedad de nueva aparición en una zona hasta entonces libre de ella se trataría de un brote o situación epidémica (art. 15.2 del Decreto por el que se crea la Red de Vigilancia Epidémica) y si nos da por seguir interpretando la norma se podría hablar incluso de un brote de interés supracomunitario (art. 18.5).

2) “Cuando impliquen un riesgo para la salud pública o para su salud individual”: aquí ya cuesta un poco más dar el salto. Una vez aislado el caso, ¿era un claro riesgo para la salud pública? estamos hablando de un caso que se dio dentro de un sector poblacional muy específico y de una enfermedad que necesita el contacto directo de las mucosas con las secreciones corporales de un paciente en fase sintomática.

Probablemente cuando se haga el análisis de lo ocurrido (tres meses después de la negativización del paciente) se podrá afirmar que el riesgo solo era individual, es decir, que solo estaban en riesgo las personas más íntimas a ella (su cónyuge) y los profesionales que posteriormente la han atendido.

3) “El derecho a que esta información se difunda en términos verdaderos, comprensibles y adecuados para la protección de la salud”: ya se puede forzar la interpretación todo lo que se quiera que el fin de la información difundida no ha sido “la protección de la salud”, sino para alimentar innecesariamente el insaciable morbo que tenemos como sociedad. Y como mucho, para intentar excusar a las autoridades de salud pública, se podría decir que ha sido para tranquilizar la población.

¿Dentro de la información epidemiológica (art. 6) entran los datos referentes a la paciente o su estado de salud?

No. Rotundamente no. Y mil veces no.

Están sujetos a la confidencialidad del art. 7. Ni su nombre y apellido, ni su lugar de residencia, ni sus datos de parentesco, ni su estado clínico, ni el tratamiento administrado, ni el resultado de las pruebas realizadas es información de carácter epidemiológico. Ni lo que hiciera o dejara de hacer antes de la enfermedad, ni el contenido de las conversaciones que tenga con quienes le atiendan.

Que no, no es información epidemiológica, es información personal que las autoridades de salud pública deben proteger y manejar, si así fuera, para el control adecuado del posible brote. Es decir, ni el Ministerio, ni la Consejería, ni la Comisión Técnica, ni el equipo asistencial, ni ninguna autoridad pública debería haber proporcionado ni confirmado ninguno de esos datos. Se debía haber informado de un caso confirmado de ébola, de qué tipo de medidas de prevención se habían tomado o se iban a tomar y como mucho del posible contexto en el que se podía haber dado la transmisión (en el ámbito sanitario) dado que había casos anteriores. Punto.

Ni las PCR, ni el edema de pulmón, ni el aislamiento del marido, ni las conversaciones, es que incluso “aunque el paciente lo autorice el médico procurara siempre mantener el secreto por la importancia que tiene la confianza de la sociedad en la confidencialidad profesional” (art. 30.1.g. del Código Deontológico).

Y de nuevo…, ¿por qué proteger esa información? La experiencia de estos días nos muestra mil motivos por los cuales evitar este tipo de informaciones: la preocupación del vecindario, el cierre de centros estéticos por la alarma, la estigmatización de familiares de profesionales sanitarios, el acoso injustificado a los familiares o la presión a la que se ve sometida el equipo asistencial. ¡Hasta un consejero de sanidad culpabilizando públicamente a la propia paciente de haberse infectado como en los peores tiempos del VIH! [Nota 2]

El enfermero Juan Carlos Fernández, uno de los enfermeros que atiende a la paciente, denunciando la estigmatización de sus hijos (El Mundo 14/10/2014)

El enfermero Juan Carlos Fernández, uno de los enfermeros que atiende a la paciente, denunciando la estigmatización de sus hijos (El Mundo 14/10/2014)

Pero nos gusta poner cara a las historias y si es necesario, nombres, apellidos, el DNI, lugar de residencia, quién es el cónyuge, hasta el diagnóstico definitivo antes de que lo sepa la paciente y sus contactos. Nos gusta cotillear con el drama de los familiares que no saben nada e incluso informarles a ellos de cualquier detalle a medio confirmar antes de que las autoridades tengan tiempo de notificárselo. Nos gusta fomentar y explotar la histeria de los vecinos de la pareja porque nadie les ha informado aún de nada, incluso somos nosotros mismos quienes les informan de que vivían en el vecindario de los citados. Nos gusta saber si a la enferma le están administrado A o B y discutirle a los responsables por qué no tenemos C cuando “hemos leído por ahí” que lo mejor es C. Y, cómo no, nos gusta también preguntar a los médicos y enfermeras que les atienden a ver por qué utilizan traje de tipo II cuando nosotros “hemos leído en Internet” que para este tipo de casos se necesita un traje IV.

Qué digo. No nos gusta, nos encanta. Aunque suponga olvidarse de la intimidad y confidencialidad del paciente, del respeto y la confianza en los profesionales sanitarios y del derecho de la sociedad a recibir una información veraz, comprensible y adecuada. ¡Pamplinas, demos al público lo que quiere! Como si hay que sacar en primera plana una foto de la paciente, todo sea por vender más periódicos, aumentar las visitas de la web y subir puntos de audiencia. Luego ya cuando se acabe el tema nadie se acordará. Total, ¿quién nos va a venir a exigir responsabilidades?

Notas

[1] Desde el punto de vista jurídico se argumenta que es porque prima el derecho fundamental recogido en la Constitución a la intimidad (art. 18.1) y al secreto profesional (art. 20.d y 24.2), que aunque no se han desarrollado posteriormente específicamente en una ley sobre el secreto profesional como muchos han reclamado, si viene recogido en la Ley General de Sanidad (art. 10.1) y cuya regulación deontológica en cada profesión queda en manos de los Colegios Profesionales (art. 2.5 de la Ley sobre Colegios Profesionales). Y eso sin olvidar la existencia del delito de revelación de secretos (199.2).

Pero simplificando mucho, el médico en caso de ser informado en una relación médico paciente de la posible comisión de un delito, no debe denunciarlo. Esto no es lo mismo que en un proceso judicial, ante un requerimiento del juez, el médico no deba informar de lo que se le pregunte, y así está recogido en el Código Deontológico como excepción.

Artículo 30. 1. h)

Por imperativo legal:

3. Ante el requerimiento en un proceso judicial por presunto delito, que precise de la aportación del historial médico del paciente, el médico dará a conocer al juez que éticamente está obligado a guardar el secreto profesional y procurará aportar exclusivamente los datos necesarios y ajustados al caso concreto.

Y se especifican los límites en los que un facultativo debe actuar como testigo:

Artículo 62

3.‐ El médico que fuese citado como testigo, en virtud de nombramiento judicial, tiene la obligación de comparecer. En el acto testifical se limitará a exponer los hechos que, en virtud de su condición de médico, haya visto u oído y que sean relevantes para la causa. Preservará el secreto medico hasta donde sea posible y sólo revelará aquello que sea estrictamente necesario para la resolución del asunto judicial. En los pleitos civiles no podrá dar información privilegiada obtenida confidencialmente por su condición de médico.

[2] Francisco Javier Rodríguez, Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, es además médico especialista en medicina interna y nefrología, así como profesor. Entiendo que los posibles incumplimientos del Código Deontológico que hayan supuesto sus declaraciones serán investigados al menos por la Comisión de Deontología del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, aunque lo haya hecho en su condición de representante del ejecutivo madrileño.

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About The Author

Investigador del Museo Vasco de Historia de la Medicina y de la Ciencia de la UPV/EHU, especializado en Historia de las Epidemias, y médico interno residente de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Universitario de Cruces.

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