Manifestaciones ilegales y unicornios

Published On 03/05/2014 | By Laura López Gutiérrez | Divulgación, Opinión

Son muchas las figuras políticas que hablan de las cada vez más frecuentes reuniones ciudadanas, declarándolas ilícitas o abiertamente ilegales de antemano, debido a los altercadoscargas policialesheridos y detenidos durante las manifestaciones de las últimas semanas.

Los tiempos convulsos provocan que las circunstancias cambien, por eso nos preguntamos: ¿conocemos nuestros derechos y obligaciones respecto a esta materia? Reuniones o manifestaciones las hay de todos los tipos y colores, y se celebran por los motivos más variopintos, pero cuando decidimos acudir a una, ¿sabemos a qué nos enfrentamos? A falta de la aprobación y publicación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, y de la modificación del Código Penal, que serán objeto de otro texto próximamente, vamos a analizar la situación normativa actual.

Así, vamos a comenzar por nuestro texto constitucional, donde el artículo 21 de la CE recoge:

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. 2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Este derecho Constitucional está regulado en dos Leyes Orgánicas, de acuerdo a su ubicación en la carta Magna: la LO 9/1983 que desarrolla este derecho, y que ha quedado claramente obsoleta, y el CP en el que se tipifican las extralimitaciones de este derecho. Al ser el más nombrado el CP, comenzaremos analizando su texto.

Así, el artículo 513 CP recoge claramente el concepto de reuniones o manifestaciones ilícitas, caracterizándolas de acuerdo a dos circunstancias que no son acumulativas, de modo que toda reunión o manifestación que no cumpla al menos una de dichas características, será una manifestación ilícita. Lo que está en consonancia con el artículo primero apartado tercero de la LO 9/1983: “Son reuniones ilícitas las así tipificadas por las leyes penales”.

El artículo 513 dice que son punibles las reuniones o manifestaciones ilícitas. Tienen tal consideración:

1. Las que se celebren con el fin de cometer algún delito. 2. Aquellas a las que concurran personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso.

A pesar de lo que afirma el Gobierno, y en la misma línea de lo expuesto en los dos artículos citados, en la propia página web del Congreso podemos leer: “Las manifestaciones que no se hubieran ajustado al régimen de la Ley no por ello habrían de reputarse ilegales sino sólo no amparadas por la Ley Orgánica, salvo los supuestos tipificados en el Código Penal (arts. 513-514: reuniones para cometer delitos o integradas por personas que porten armas) y hay que interpretar que de no producirse alteraciones del orden público o de incurrir en algún motivo expreso de ilegalidad no podrían ser disueltas”.

libertad1

Si el artículo 513 nos otorga el concepto referido a la manifestación o reunión entendida en sí misma, el artículo 514 CP recoge las posibles penas en las que pueden incurrir las personas que participen en un evento que sí reúna las características del artículo citado anteriormente; distinguiendo entre asistentes que porten armas u otros medios igualmente peligrosos, personas que realicen actos de violencia o que impidan el legítimo ejercicio de las libertades y los promotores o directores de la reunión o manifestación previamente prohibida que quieran subvertir el orden constitucional:

1. Los promotores o directores de cualquier reunión o manifestación comprendida en el número 1.º del artículo anterior y los que, en relación con el número 2.º del mismo, no hayan tratado de impedir por todos los medios a su alcance las circunstancias en ellos mencionadas, incurrirán en las penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses. A estos efectos, se reputarán directores o promotores de la reunión o manifestación los que las convoquen o presidan.

2. Los asistentes a una reunión o manifestación que porten armas u otros medios igualmente peligrosos serán castigados con la pena de prisión de uno a dos años y multa de seis a doce meses. Los Jueces o Tribunales, atendiendo a los antecedentes del sujeto, circunstancias del caso y características del arma o instrumento portado, podrán rebajar en un grado la pena señalada.

3. Las personas que, con ocasión de la celebración de una reunión o manifestación, realicen actos de violencia contra la autoridad, sus agentes, personas o propiedades públicas o privadas, serán castigadas con la pena que a su delito corresponda, en su mitad superior.

4. Los que impidieren el legítimo ejercicio de las libertades de reunión o manifestación, o perturbaren gravemente el desarrollo de una reunión o manifestación lícita serán castigados con la pena de prisión de dos a tres años si los hechos se realizaran con violencia, y con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses si se cometieren mediante vías de hecho o cualquier otro procedimiento ilegítimo.

5. Los promotores o directores de cualquier reunión o manifestación que convocaren, celebraren o intentaren celebrar de nuevo una reunión o manifestación que hubiese sido previamente suspendida o prohibida, y siempre que con ello pretendieran subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a un año y multa de seis a doce meses, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponder, en su caso, conforme a los apartados precedentes.

Además de la Ley penal que limita el ejercicio de este Derecho Fundamental, para asegurar la posible y efectiva realización de dicho derecho, existe la LO 9/1983 que desarrolla el artículo 21 CE, dotándole así, de contenido efectivo. Esta Ley recoge en su artículo primero apartado segundo, una definición de reunión: “A los efectos de la presente Ley, se entiende por reunión la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas, con finalidad determinada”.

Distingue además la Ley entre reuniones en lugares cerrados, que no analizaremos, y reuniones o manifestaciones en lugares abiertos o de tránsito público. Es en este punto cuando aparece la idea de la “autorización previa” en la Ley, pero recordemos que la CE tan sólo habla de la necesidad de comunicar la manifestación o reunión. Y por eso, pese a que muchos de nuestros dirigentes así lo desearan, la Ley tampoco exige una autorización previa: “Ninguna reunión estará sometida al régimen de previa autorización”.

En la Ley Orgánica de desarrollo, así como en la Constitución, se exige una comunicación que debe cumplir las características del artículo 9 de la Lo 9/1983:

1. En el escrito de comunicación se hará constar:

a) Nombre, apellidos, domicilio y documento oficial de identificación del organizador u organizadores o de su representante, caso de personas jurídicas, consignando también la denominación, naturaleza y domicilio de éstas.

b) Lugar, fecha, hora y duración prevista.

c) Objeto de la misma.

d) Itinerario proyectado, cuando se prevea la circulación por las vías públicas.

e) Medidas de seguridad previstas por los organizadores o que se soliciten de la autoridad gubernativa”.

Si no se exige autorización, ¿por qué hay manifestaciones que se prohíben? El artículo 10 de la LO permite que:

“Si la autoridad gubernativa considerase que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, podrá prohibir la reunión o manifestación o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de la reunión o manifestación. La resolución deberá adoptarse en forma motivada y notificarse en el plazo máximo de setenta y dos horas desde la comunicación prevista en el artículo 8, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”.

Por tanto, por el mero hecho de sospechar que pueden suceder altercados no se puede prohibir una manifestación, ya que sería como no celebrar la Final de la Copa del Rey de este año por miedo a sufrir altercados por parte de los seguidores de ambos equipos. Anteriormente, hemos explicado el tipo penal, y en él nada se decía respecto a una autorización previa o al número 20, por lo que ambas características carecen de relevancia penal. Cuando se celebre sin previa comunicación una reunión o manifestación tan sólo supondrá una infracción administrativa, ya que, como hemos indicado, no se incardina dentro del tipo penal, sino que responde a una organización de la población: vías de uso para servicios de emergencia, tráfico, distribución de efectivos, etc.

La finalidad de la comunicación previa (que no “autorización previa”), le pese a quien le pese, no es una prohibición, sino que es una conciliación. Como ha reconocido el Tribunal Constitucional (STC 85/1988, de 28 de abril; SSTC 66/1995, 42/2000, 124/2005, 110/2006, 170/2008, 37 y 38/2009), este ejercicio es una manifestación colectiva del derecho a la libertad de expresión, siendo además necesaria su celebración en la vía pública, pues de lo contrario las reivindicaciones no llegarían a ninguna parte. Con la comunicación previa se busca, por tanto, conciliar el ejercicio del derecho del artículo 21 del CE con el de otros derechos fundamentales; por lo que nunca puede limitarse por intereses económicos o de cualquier otra índole. En este sentido ha tenido ocasión de pronunciarse el Tribunal Constitucional (SSTC 2/1982, 66/1995, 182/2004, 110/2006), quien ha afirmado que la comunicación previa se trata tan sólo de una mera declaración de conocimiento a fin de que la Administración Pública competente pueda adoptar las medidas necesarias.

Like this Article? Share it!

About The Author

Licenciada en Derecho por la UV, estudiante de Grado en Criminología por la UOC, estudiante del Máster de Sistema de Justicia Penal interuniversitario, por la UJI, UDL, UA y URV. Soñadora, bailarina, incorformista, protestona y con un definido, y defendido, concepto de Justicia.

2 Responses to Manifestaciones ilegales y unicornios

  1. Pingback: “Por el mero hecho de sospechar que pueden suceder altercados no se puede prohibir una manifestación”

  2. Pingback: Muera la Inteligencia | Jugando a la participación ciudadana

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *