¿Atentado contra la soberanía española o tirón de orejas?

Published On 06/12/2013 | By Laura López Gutiérrez | Divulgación, Opinión

El 21 de octubre de 2013, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictó sentencia en el Caso Del Río Prada contra España ordenando su inmediata puesta en libertad y acabando con la doctrina Parot. Este litigio se inició con una demanda de Inés del Río (conocida miembro de ETA que nos aterrorizó desde 1982 a 1987), ante el TEDH y contra España, amparándose en el artículo 34 del Convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales —no fue admitida—, así como en los artículos 5 y 7 del mismo documento, cuyas alegaciones sí fueron admitidas, y originaron el trabajo de los juzgadores. En definitiva, Inés del Río mantenía que llevaba nueve años de más en prisión por la aplicación retroactiva de cambio jurisprudencial.

Dentro de nuestro país, la militante de ETA fue condenada por la Audiencia Nacional a un total de tres mil trescientos setenta y cinco años y seis meses, entrando en prisión el 6 julio de 1987 y con su salida prevista por la Audiencia Nacional el 27 de junio de 2017. En 2008 el centro penitenciario de Murcia solicitó que la fecha de excarcelación, atendida la redención de pena disfrutada fuera el 2 de julio de ese año, pero la Audiencia Nacional lo rechazó solicitando un nuevo cálculo aplicando la doctrina Parot.

Pero en el medio de este baile de fechas, aparece una de las más importantes de nuestra reciente historia jurídica: el 28 de febrero de 2006, momento en que el Tribunal Supremo dictó la famosa sentencia que dio lugar a la doctrina Parot. Esta sentencia establecía que los beneficios penitenciarios y las redenciones de pena ya no se debían computar sobre el límite máximo de 30 años, sino sucesivamente sobre cada una de las penas pronunciadas, precisando la Audiencia Nacional que esta nueva jurisprudencia sólo se aplicaba a las personas condenadas de acuerdo al Código Penal de 1973. Antes de esto, se computaban sobre la condena, cuyo límite máximo de cumplimiento era de 30 años, por lo que en comparación con la doctrina Parot acortaba las penas.

La aplicación de la 'Doctrina Parot' (El País)


El problema radica en la legislación aplicable en el momento del enjuiciamiento
, es decir, aquella que regía cuando se cometieron los delitos (en este caso, la mayoría fueron delitos de asesinato). El Código Penal era el de 1973, e incluía el límite máximo de cumplimiento de 30 años ya indicado (artículo 70), complementándose con el artículo 100 en el que se reconocía la posibilidad de redimir la pena con trabajo (por cada dos días de trabajo se reducía uno la pena). Reducciones que, de nuevo, se aplicaban sobre el límite de 30 años y no sobre el total.

Respecto a lo que alegó Inés en Europa, la Sala consideró en julio que sí se había producido vulneración del artículo 7 del Convenio. La aplicación de la doctrina Parot, no sólo “afectaba a la ejecución de la pena impuesta a la recurrente, sino que tenía también un impacto decisivo en el alcance efectivo de la misma”. Además, la Sala entendió que el cambio en la doctrina del Tribunal Supremo tan sólo se basaba en la promulgación del Código Penal de 1995, es decir, en razones de política legislativa, aplicando retroactivamente las mismas, y por tanto, incumpliendo el principio nullum crimen nulla poena sine lege.

Así mismo, la Sala consideró significativo que con la creación del nuevo CP en 1995, se autorizara a las personas condenadas con arreglo al antiguo Código a seguir beneficiándose del sistema de redenciones de pena por trabajo en prisión, mientras que se endureció los requisitos para acceder a la libertad condicional. Europa entiende este hecho como una aceptación por parte de España de que esas normas tienen “una incidencia sobre la fijación de la pena en sí misma y no en su cumplimiento”. Esta matización sobre la diferencia o no entre la fijación de la pena y su cumplimiento trataba de aclarar las dudas que se plantearon sobre si ese nuevo límite de 30 años era una pena autónoma respecto a la original, o si se trataba tan sólo del modo de determinar o aplicar la primera.

La Gran Sala afirma que la doctrina Parot: “No puede considerarse como una medida que afecte exclusivamente a la ejecución de la pena impuesta a la demandante […] la pena máxima de treinta años de cárcel ha perdido su carácter de pena autónoma sobre la cual se debían calcular las redención de pena por trabajo para convertirse en una pena de treinta años de cárcel que, en realidad, no eran susceptibles de ninguna redención de pena de este tipo”. El tribunal estimó que “las consideraciones de política criminal en que se apoya el TS no bastan para justificar semejante giro jurisprudencial”.

En relación a la tercera vulneración del Convenio alegada, el Tribunal concluyó que hubo infracción del art. 5.1 del Convenio, por lo que la privación de libertad de la demandante desde el 3 de julio de 2008 no había sido legal. En consecuencia, debía ser puesta en libertad en el menor tiempo posible. En definitiva, la Sala consideró que correspondía al Estado demandado asegurar que la demandante fuera puesta en libertad a la mayor brevedad posible. Estimó, además, daños morales a la demandante, concediéndole 30.000 €, y también otros 1.500€ para costas procesales y gastos vinculados al procedimiento. Si bien es cierto que parece que estos ingresos no van a tener lugar.

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La conclusión, que al menos yo he extraído, es relativamente simple. Europa no ha hecho nada en contra nuestra, ni se ha reído de nuestra justicia: es nuestro poder legislativo el que se ha reído de todos nosotros. Cierto es que la Ley no puede siempre prever situaciones muy graves, pero teniendo en cuenta que los delitos que cometió Inés datan de 1987, y la modificación del Código Penal tuvo lugar en 1995, quedaron casi veinte años en los que pese a ser el terrorismo una de las mayores preocupaciones de los españoles, no se actuó. Al primer delito de esta magnitud debería haberse iniciado un rápido y efectivo cambio legislativo.

No caben excusas, y deben exigirse responsabilidades, pero no a Europa, que tan sólo nos ha obligado a aplicar nuestro propio Derecho, sino a quienes nos han gobernado. Esas personas, de todos los colores políticos, permitieron que los mayores delincuentes de nuestro país se beneficiaran de una ley anterior a nuestra Constitución, demostrando todos una cobardía que avergüenza.

Y no olvidemos que, si bien es cierto que las dos sentencias más importantes son referentes a miembros de ETA, no son sólo ellos los únicos que se beneficiarán de este toque de atención europeo. En total serán 130 personas, 93 miembros de ETA y 37 narcotraficantes, asesinos y violadores, no arrepentidos, tampoco reformados —y algunos de ellos con unas penas cumplidas que le hacen a uno dudar entre si reír o llorar—, los que van a volver a poblar nuestras calles. Y lo harán con todo el derecho del mundo, porque esas son las reglas del juego, aquellas que se cambiaron tarde y mal.

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About The Author

Licenciada en Derecho por la UV, estudiante de Grado en Criminología por la UOC, estudiante del Máster de Sistema de Justicia Penal interuniversitario, por la UJI, UDL, UA y URV. Soñadora, bailarina, incorformista, protestona y con un definido, y defendido, concepto de Justicia.

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